Doble feminicidio en Argentina: detrás de las denuncias ignoradas
El fin de semana del 11 de octubre de 2025, en una vivienda del barrio Villa Rivera Indarte en Córdoba capital, fueron asesinadas a balazos Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio. Ambas fueron halladas sin vida dentro de su casa. El principal sospechoso es Pablo Daniel Rodríguez Laurta, de 39 años — expareja de Luna y padre del hijo de ella (un niño de 5 años). Tras el doble crimen, Laurta secuestró al menor, iniciando una huida junto con él. Finalmente fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, y el niño fue encontrado con vida. En el hotel donde quedó Laurta, los investigadores hallaron un arma calibre 380, varios celulares, chips, dinero y otros elementos de interés para la causa.
Contexto previo e historial de violencia
Luna Giardina había denunciado a Laurta por violencia de género en 2023 — con agresiones físicas, amenazas y al menos un intento de estrangulamiento. A partir de esa denuncia se le impuso una orden de restricción y se le otorgó un botón antipánico.
Según testimonios de familiares, la víctima vivía “aterrorizada”: su hermana declaró que tanto Luna como su madre sentían miedo constante, y describió la convivencia como “una burbuja de temor”.
En 2024, Laurta había sido detenido por estar “espiando desde el techo” la vivienda de Luna y su hijo, lo que representaba una violación a la orden de restricción. Aunque fue apresado, quedó en libertad en febrero de ese año. Un informe psicológico determinó que comprendía la criminalidad de sus actos y descartó una psicosis.
Es decir: el femicidio no es un episodio “espontáneo”, sino la consumación extrema de un patrón prolongado de violencia, control, amenazas y revictimización.
La complicidad del sistema: por qué fallaron las alertas
A pesar de denuncias, orden de restricción y botón antipánico, el sistema no logró proteger a Luna ni su hijo. Las fallas se concentran en varios puntos:
Falta de seguimiento real. Que existieran medidas cautelares no bastó — no hubo monitoreo efectivo, control del agresor ni protección continua.
Baja coordinación interjurisdiccional. Luna había escapado de Uruguay hacia Argentina con su hijo y su madre, buscando seguridad fuera de la zona de riesgo. Pero esa movilización no activó alertas suficientes para garantizar su protección.
Normalización de amenazas. El agresor mantenía conductas de acoso, vigilancia y hostigamiento; muchas veces este tipo de control coercitivo y amenazas no se consideran con la gravedad debida.
El resultado: un desenlace trágico y prevenible.
Estado actual del caso: prisión preventiva y cargos múltiples
El 3 de noviembre de 2025, la Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva contra Laurta. Está imputado por “homicidio calificado por vínculo, alevosía y violencia de género” por el asesinato de Luna y su madre, más “violación de domicilio”.
Además, enfrenta cargos por el homicidio del conductor de aplicación Martín Sebastián Palacios — cuyo vehículo fue encontrado quemado tras un traslado que Laurta había contratado. La fiscalía considera que lo asesinó para robar el auto y evitar que denunciara su plan.
La causa sigue en etapa de instrucción; se esperan peritajes, análisis de las pruebas encontradas en el hotel, declaración de testigos y —eventualmente— juicio oral.
Qué revela este caso sobre violencia de género y violencia vicaria
Este crimen reúne múltiples formas de violencia:
Violencia de género y femicidio: la muerte de Luna, su madre y la intención de eliminar vínculos.
Violencia vicaria: el hijo de 5 años fue secuestrado, lo que demuestra que el agresor lo consideraba parte de su plan, un claro uso de menores como instrumento de control y violencia.
Control coercitivo y persecución: denuncias, vigilancia constante, amenazas, restricción de libertades — conductas que, aunque no siempre dejan huellas físicas, constituyen formas graves de violencia.
Además, muestra cómo los sistemas de protección fallan cuando no hay un enfoque integral: denuncias aisladas, medidas cautelares sin seguimiento, falta de riesgo real en protocolos, y ausencia de acciones efectivas ante señales de alarma.
Llamado urgente: lo que este caso exige de la sociedad y las instituciones
Reconocer la violencia de género en todas sus formas — no sólo cuando hay golpes visibles, sino también cuando hay control, amenazas, violencia psicológica, vicaria o coercitiva.
Garantizar mecanismos de protección reales — seguimiento activo de agresores, monitoreo de órdenes de restricción, acompañamiento psicológico y legal a víctimas, protección a menores involucrados.
Coordinar entre jurisdicciones — cuando hay movilización (interna o internacional), que la fuga no signifique impunidad.
Visibilizar y denunciar amenazas aunque no haya violencia física inmediata — los signos de alarma deben tomarse en serio.
Este caso no debe quedar como un titular condenable y olvidable. Debe servir como alerta permanente: cuando los avisos se ignoran, la violencia escala. A veces, hasta la destrucción de vidas.